520.000 euros para aumentar la oferta de alquiler social en la provincia de Palencia con Rehabitare

11 Dec 2020

Diputación de Palencia y Junta suscriben el primero de los convenios Rehabitare previstos en el protocolo firmado en julio entre el Presidente y los presidentes de las nueve diputaciones

  • Acuerdan destinar 520.000 euros a partes iguales entre ambas entidades para aumentar la oferta de alquiler social en el medio rural, dando preferencia a los jóvenes. A mayores, la Junta añadirá una inversión de 870.000 euros. En total se prevén rehabilitar 28 viviendas en la provincia de Palencia hasta 2023.
  • La inversión total en Castilla y León alcanza ya 12,1 millones de euros, y las previsiones hasta 2023 contemplan otros 12,2 millones más, que supondrán un total de 508 viviendas rehabilitadas
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El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, han firmado esta mañana el primero de los convenios Rehabitare previstos en el protocolo firmado en julio entre el presidente de la Junta y los presidentes de las nueve diputaciones provinciales para incorporar viviendas propiedad de los ayuntamientos a la oferta de alquiler social en el medio rural. Cada una de las instituciones aportará 260.000 euros para la rehabilitación de los inmuebles y habrá una Comisión de Seguimiento encargada de seleccionar las actuaciones a incluir en este convenio. El programa piloto Rehabitare nació en Palencia en 2009 y en 2016 se extendió a todas las provincias mediante convenios con los ayuntamientos, uniéndose posteriormente también los obispados. En estos cinco años se han recuperado 246 viviendas, con una inversión de casi 11 millones de euros. Los convenios con las diputaciones que arrancan hoy con esta firma prevén 82 actuaciones y un presupuesto de 4,2 millones de euros hasta 2023.

El convenio firmado hoy entre la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y la Diputación de Palencia es el primero de los nueve previstos, uno con cada diputación provincial, en el Protocolo de Colaboración que el pasado 29 de julio firmó el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, con los presidentes de las diputaciones para adherirse al programa Rehabitare y ampliar la oferta pública de alquiler social en el medio rural.

El convenio establece una financiación que alcanza loso 520.000 euros, aportada al 50 % por cada una de las administraciones hasta el año 2023. La Diputación prestará el apoyo y la coordinación necesaria para llevar a cabo las actuaciones y la Consejería de Fomento y Medio Ambiente será la responsable de contratar las obras de rehabilitación de los inmuebles o viviendas seleccionadas, que serán 10.

Habrá una Comisión de Seguimiento cuya función principal será seleccionar las actuaciones a incluir en el programa Rehabitare Junta-Diputación, que deberán ser de titularidad municipal en pleno dominio y libre de cargas. Los municipios deberán tener una población inferior a los 5.000 habitantes y deberán justificar la existencia de demanda de viviendas en alquiler a través del registro público de demandantes de viviendas de protección pública de Castilla y León.

El coste total de la rehabilitación no podrá exceder de 43.000 euros más IVA y en el caso de que se superase, será el ayuntamiento quien se haga cargo del exceso.

El convenio firmado hoy para la provincia de Palencia expresa que tendrán preferencia las actuaciones de menor coste y las de mayor valor arquitectónico del inmueble.

Por su parte, la Junta añadirá en esta provincia hasta 2023 una inversión propia a mayores de 870.000 euros para rehabilitar otras 18 viviendas más, de modo que la inversión total será de 1.390.000 euros y 28 viviendas, con lo que Palencia contará al final de la legislatura con 72 viviendas rehabilitadas tras una inversión de 3.595.999 euros.

El consejero de Fomento y Medio Ambiente ha mostrado su satisfacción por la incorporación de las diputaciones provinciales al programa Rehabitare “lo que supondrá un considerable impulso para seguir ampliando el parque público de vivienda social en Castilla y León y muy especialmente en el medio rural, donde se centra específicamente este programa, que ya se ha consolidado como una herramienta eficaz para facilitar el acceso al alquiler de vivienda a las familias más necesitadas, frenar la despoblación del medio rural y estimular la actividad económica a través de la rehabilitación de las viviendas”.

Palencia es la provincia pionera en el desarrollo de Rehabitare, Aquí comenzó como proyecto piloto en 2009 y a partir de 2016 se extendió a toda la Comunidad, primero con acuerdos con ayuntamientos y posteriormente también con los obispados. Palencia cuenta actualmente con un total de 27 viviendas, de ellas, 25 son propiedad de ayuntamientos y las otras dos han sido cedidas por el Obispado, en cuyas rehabilitaciones se han invertido 1.206.000 euros. Las viviendas se ubican en los municipios de Palenzuela, Tabernera de Cerrato, La  Serna, Villalcázar de Sirga, Brañosera, Amusco, Frechilla, Villaturde, Antigüedad,  Calzada de los Molinos, Villaherreros, Villamartín de Campos, Castrillo de Villavega, Baltanás, Cisneros, Paredes de Nava, Villerías, Villada, Meneses de Campos, Villasarracino, Barruelo de Santullán, Villamoronta y Pomar de Valdivia, éstas dos últimas con sus respectivas casas rectorales. 

Rehabitare Castilla y León

En estos cinco años, desde 2016 hasta 2020, la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, ha recuperado un total de 262 viviendas -242 propiedad de ayuntamientos y 20 propiedad de la iglesia- para ofrecerlas en régimen de alquiler social, pasando a formar parte del parque público de alquiler. La inversión en obras de reforma y rehabilitación ha ascendido a 12.136.397 euros.

La previsión de inversión para el período 2021-2023 será de 12.181.596 euros (4,2 millones de las Diputaciones) para rehabilitar 82 viviendas, lo que hará un total de inversión al año 2023 en este programa desde 2016 a 2023 de 24.317.993 euros, sumando un total de 508 viviendas.

Rehabitare, ‘programa de economía circular’

El objetivo de ‘Rehabitare’ es la recuperación de aquellas viviendas de titularidad municipal que se encuentran abandonadas y cuya rehabilitación es interesante para el medio rural. Los inmuebles se ubican por lo general en los cascos urbanos, lo que permite contar con todo tipo de servicios, optimizando así las infraestructuras existentes y evitando el deterioro de un patrimonio municipal, a la vez que contribuye a la lucha contra la despoblación, a facilitar el acceso a la vivienda de quienes menos tienen, y fomenta la obra pública y el empleo en el medio rural.

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente firma convenios con la propiedad –inicialmente fueron los ayuntamientos y posteriormente se sumaron también los obispados- que permiten a la Junta de Castilla y León rehabilitar los inmuebles para destinarlos al alquiler social e integrarse en el parque público de viviendas de la Comunidad de Castilla y León.

Posteriormente son los ayuntamientos quienes determinan el precio del alquiler, que no podrá exceder la tercera parte de los ingresos de la unidad arrendataria, así como las personas que ocuparán las viviendas en función de las necesidades de cada municipio, teniendo preferencia los colectivos de especial protección que figuran en la ley del derecho a la vivienda de Castilla y León, con prioridad a los jóvenes para promover su emancipación, a las víctimas de violencia de género, a las personas objeto de desahucio de su vivienda habitual y a las personas sin hogar.

El programa Rehabitare forma parte del Programa de Vivienda Social en Castilla y León, cuyas líneas maestras son fruto del Diálogo Social y cuya finalidad última es el fomento del alquiler para las familias y personas más necesitadas y contribuir a fijar población en el medio rural.

Ayudas para el alquiler y compra de la vivienda con especial atención a los jóvenes

La Junta de Castilla y León pretende favorecer el asentamiento de jóvenes en el medio rural, y para ello arbitra políticas destinadas a favorecer el acceso de los jóvenes a un recurso básico como es la vivienda.

Una de las vías es la ayuda al pago del alquiler, que en el caso de los jóvenes es de hasta el 50% de la renta, de lo que se han beneficiado entre 2018 y 2019 en Castilla y León, en lista principal, 6.623 jóvenes, con un importe total por parte de la Junta de 12,9 millones de euros.

En este contexto de apoyo a los jóvenes, en Paredes de Nava (Palencia), la Junta, en colaboración con la Diputación y el Ayuntamiento, va a rehabilitar un edificio de una antigua industria harinera para dotarle de un total de ocho viviendas tipo loft destinadas al alquiler subvencionado para jóvenes, de en torno a 100 euros mensuales, como experiencia piloto que se podría extender a toda la Comunidad.

Por otro lado, la Junta reduce en un 20% el precio de venta de sus viviendas de protección pública a los jóvenes menores de 35 años que opten a acceder a este tipo de viviendas en los municipios de menos de 10.000 habitantes de la Comunidad.

Esta política ha comenzado a aplicarse en la provincia de Palencia, en las dos promociones que la Junta de Castilla y León promueve en Aguilar de Campoo, con un presupuesto de licitación para 19 viviendas de 2.025.215 euros, con un plazo de ejecución de obras de 24 meses, financiado al 100% por la Junta, a través de Somacyl, en unos terrenos cedidos por el Ayuntamiento de Aguilar de Campo.

La finalidad es la plena integración de los jóvenes en la vida pública y en la sociedad, facilitando su autonomía, mediante el acceso a una vivienda. Se trata de facilitar la emancipación de los jóvenes. Mediante esta actuación, los jóvenes podrán comprar una vivienda de protección pública sin necesidad de tener el dinero ahorrado de la entrada, dado que la financiación bancaria no suele superar el 80% del importe de la compra, y por ello la vivienda se venderá con una rebaja del 20% del precio total de la misma.

Otra indudable medida de lucha contra la despoblación, articulando las medidas de carácter económico y social que permitan fijar y atraer población. Se trata de incentivar el asentamiento de familias jóvenes en municipios de menos de 10.000 habitantes ofreciendo viviendas en venta a unos precios asequibles, facilitando la accesibilidad de los jóvenes al mercado hipotecario.

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